Todos fuimos testigos, gracias a los medios de comunicación, del violento ataque que sufrió un funcionario de la Policía de Investigaciones y un cuartel de la misma.
Llama la atención que haya sitios legitimando la actuación de los atacantes, tales como «Liberación total» y «Hommodolars». Ellos contienen prácticamente el mismo texto y estiman como algo normal que los manifestantes atenten contra la libertad de tránsito y el orden público y causen daños sobre la propiedad pública y privada. Sin embargo, no les parece bien que un miembro de los cuerpos armados de nuestro país intente detener esta situación arrestando a uno de los revoltosos: más aún, justifican que este miembro de la Policía sea atacado violentamente y que se arrojen bombas molotov contra él (aunque ninguna le llegó directamente) y contra el cuartel desde donde salió. También critican la actuación de los otros policías cuando intentaron proteger a su compañero y restablecer el orden en la calle, además de defender el cuartel donde trabajan.
Atacar a los cuerpos armados es grave porque ellos son la base de nuestra democracia. Y lo son porque inicialmente sólo los hombres capaces de tomar las armas podían ser ciudadanos y porque ellos aseguran el orden necesario para que llevemos a cabo la discusión y la actuación política libre en el espacio público. Pero es todavía más grave pretender que no exista el derecho de la legítima defensa: cualquiera puede reducir o repeler a alguien que amenaza la seguridad de otra persona o los bienes públicos o privados. ¿Cómo podría creerse que es legítimo causarles daño gratuitamente a los bienes y a las personas sin esperar algún tipo de defensa en favor de ellos? Hay que estar bien desequilibrado para pensar que esto sea justo.
Obviamente, quienes expresaron esas opiniones tienen un problema respecto a su percepción de la realidad y es necesario que sobre sus defendidos caiga todo el rigor de la ley para asegurarnos de que no crean que pueda ser justo actuar de esa manera. Sin embargo, aún quedará pendiente la tarea de convencerlos de que no es justo que piensen así, porque respaldan aquello que es intrínsecamente perverso, v.g., causar daño gratuito sobre las personas o los bienes.
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