Durante todos los años durante los cuales asistí a clases en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (2002–2008), no hubo ni uno solo en el que no se registrara algún incidente violento protagonizado por alumnos politizados y sumamente agresivos. El más serio ocurrió el 05 de octubre del año 2007, cuando un grupo de encapuchados atacó con bombas molotov un bus oruga que se dirigía hacia el Norte: primero arrojaron una bomba que rompió un vidrio lateral y luego lanzaron otra que alcanzó en la cabeza a la menor Daniela Fuentes, en ese entonces de catorce años, produciéndole heridas y quemaduras en el cráneo; luego de esto, el chofer del bus refugió la máquina en la calle Profesor Juan Gómez Millas, que empieza ahí mismo con dirección al Poniente, y fue seguido por los encapuchados, quienes arrojaron una tercera bomba contra la máquina a la vez que siguieron hostigando a la menor Daniela Fuentes, quien se había ocultado con su madre y su hermana en el restaurante Los Cisnes, amenazando con quemar el local. El salvajismo de los encapuchados hizo llegar el caso a la prensa y la Intendencia Metropolitana se hizo parte de la querella contra ellos ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
A pesar de la gravedad del hecho, la Fiscalía Local de Ñuñoa investigó flojamente lo ocurrido y pretendió cerrar la causa ya en diciembre del 2007, lo cual yo evité concurriendo a la audiencia convocada para el 15 de enero siguiente. Durante el periodo de investigación que prosiguió, por noventa días, un informe de la Policía de Investigaciones reveló que era un secreto a voces la identidad de quien arrojó la bomba contra Daniela Fuentes y de otras dos personas que habían tomado parte en los incidentes. Los tres eran (y creo que aún lo son) alumnos del Departamento de Historia y Geografía de la UMCE y fueron citados a declarar, momento en el cual negaron cualquier vinculación con lo sucedido, si bien el más implicado reconoció que al menos había visto lo que ocurría y que se encontraba en el Campus cuando ocurrió el incidente. Lamentablemente, este sería el fin de la investigación, puesto que todos los funcionarios entrevistados anónimamente por la Policía se negaron a entregar un testimonio oficial a causa del temor que sentían ante posibles represalias. Uno de los testigos —que no fue entrevistado anónimamente— reconoció conocer la identidad de quien arrojó la bomba, pero manifestó su intención declarada de no entregarla. En consecuencia, esta investigación no pudo progresar a causa del temor que sentían las personas.
Sumaremos a lo anterior un antecedente que quedó registrado en el expediente de la causa, pero que no fue considerado en adelante por la Fiscalía Local de Ñuñoa: el primer informe de los hechos, redactado por Carabineros de Chile, daba cuenta de que los manifestantes dejaron panfletos repartidos en el suelo y de que estos contenían un mensaje político. Partiendo desde este dato, se colige que ellos se manifestaron con la intención de conseguir ciertas condiciones políticas favorables a sus ideas y de arrancar decisiones desde las autoridades políticas por intermedio de la violencia. En otras palabras, estaban incurriendo en el tipo de conducta que es penada por la Ley Antiterrorista, fuera de que también causaron un temor sostenido entre quienes agredieron directamente y entre funcionarios y alumnos de la UMCE.
Si la Fiscalía hubiese interpuesto el delito de carácter terrorista como parte de la acusación ante el Juzgado de Garantía, podría haber llamado a los testigos a declarar bajo condiciones especiales que les evitaran ser reconocidos después por los imputados y recibir algún tipo de represalia, como ellos efectivamente temían. En consecuencia, se podría haber hecho justicia a favor de Daniela Fuentes y en contra de su agresor y de quienes lo acompañaban. Le hice ver esta situación al Fiscal Adjunto Jefe, don Carlos Gajardo, a través de una carta que remití desde Canberra el 17 de agosto pasado, pero de la cual no he recibido ninguna noticia hasta ahora. Asumiendo que la recibió y la ignoró, como creo hasta ahora que lo hizo, estamos nuevamente ante la negligencia de la Fiscalía frente a un hecho de carácter delictual: la misma que mostró en la primera etapa de la investigación, al pretender cerrarla sin haber indagado lo suficiente; la misma que mostró en la segunda etapa, al no buscar la manera de que los testigos declararan anónimamente contra los posibles imputados. Porque dudo que la Fiscalía sienta el mismo temor que quienes se han negado a prestar declaración hasta ahora: si fuera así, no tendríamos ninguna esperanza de conservar la democracia en el futuro.
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