Justicia para Daniela

Originalmente publicado en Ciudad Liberal.

La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación tiene la triste fama de ser un antro de encapuchados y antisociales, lo cual le ha dado el apodo de Piedragógico. Estudié allí desde el 2002 hasta el 2008. Fui alumno del Departamento de Castellano y del Centro de Estudios Clásicos. Era común, en las asambleas de alumnos del Departamento de Castellano, que me viera enfrentado con quienes proponían hacer paros y tomas, porque siempre me parecieron una forma de estorbar injustificadamente las actividades académicas. Los enfrentamientos verbales solían incluir expresiones de sorpresa de mis contrincantes y de otras personas presentes, quienes no daban crédito a algunas de mis afirmaciones. La afirmación que más recurrentemente contraía esta reacción era la de que Carabineros concurría al frontis de la universidad y aplicaba medidas represivas a causa de que había encapuchados quemando pneumáticos y arrojando piedras en las afueras del campus. A pesar de lo evidente que resulta afirmar esto, lo cual ni siquiera contrae un juicio moral, muchos se mostraban sorprendidos, contrariados y hasta ofendidos en virtud de lo que yo decía.

No obstante, ellos no son los únicos que se han sorprendido con mis palabras. En diciembre del 2011, hace ya dos años, observé un comportamiento similar en un funcionario de la plataforma telefónica del Ministerio Público. Yo había remitido varias socilitudes, la mayoría de ellas dirigidas al entonces Fiscal Adjunto Jefe Carlos Gajardo, pidiendo que la causa RUC 0700780681-1 fuese reabierta, pero ninguna de ellas fue contestada. Consternado por la indolencia de la Fiscalía Local de Ñuñoa, decidí hacer una llamada telefónica desde Canberra (donde residía entonces) hacia Santiago. Le expliqué la situación a la persona que me atendió el teléfono y le hice ver mi decepción por el hecho de que ninguna de mis solicitudes y comunicaciones hubiera recibido respuesta. El funcionario, en lugar de ofrecerme una explicación, se mostró extrañado de que yo estuviera tan interesado en la reapertura de la causa y comenzó a interrogarme con respecto a mi involucración en los hechos y a mi vinculación con las víctimas. Le expliqué que yo había recibido información circunstancial relevante para la investigación, lo cual me permitió informar acerca de un par de testigos directos de los hechos, y entonces él afirmó que era una facultad exclusiva de las víctimas solicitar la reapertura de la causa. No creo que haya hablado con la verdad. ¿Cómo sería posible que alguien, teniendo información relevante para la resolución de una investigación, esté imposibilitado de aportarla? Tuve la impresión, entonces, de que tratar de hacer justicia debe ser algo malo, o mal visto al menos, si incluso un funcionario del Ministerio Público interpone reparos a la intención de hacerlo.

La víctima de la causa es Daniela Fuentes, quien fue agredida por un encapuchado que le arrojó una bomba molotov en la cabeza mientras viajaba en el bus patente ZN-5121 conducido por Mauricio Millacán el día 05 de octubre del 2007 a las 19.20 horas. El nombre del agresor era un «secreto a voces» en la UMCE, pero nadie se atrevía a denunciarlo. En realidad, no todos tenían miedo de hacerlo: el Dr. Freddy Araya consideraba inapropiado aplicar la justicia contra este sujeto porque el contexto de los problemas de la UMCE otorgaría una especie de antenuante que resulta invisible para el rígido sistema normativo del país. Algo similar consideró María Tapia, fiscal de un sumario interno, cuando decidió no aplicar las sanciones contempladas para conductas que fueron verificadas en el transcurso de la investigación que ella llevó a cabo, por considerarlas «normales» en el contexto de las movilizaciones estudiantiles de la UMCE. El entonces Contralor Interno de la universidad, Ricardo Rubio, estuvo de acuerdo con este razonamiento y sobreseyó la causa a pesar de que se había verificado la comisión de actos que transgredían las normas internas de la UMCE. Algo similar ha hecho el Consejo Académico de la UMCE, presidido por el Rector Jaime Espinosa, al resolver, en el Acuerdo 1195 del 25 de septiembre del 2013, que no abrirían sumarios contra los alumnos que hayan participado en la toma del Departamento de Castellano, que tuvo lugar desde el 08 de mayo al 28 de septiembre de este año.

Me parece observar, entonces, una conducta similar en mis contrincantes en las asambleas de alumnos del Departamento de Castellano, en el Fiscal Carlos Gajardo, en el funcionario del Ministerio Público, en el Dr. Freddy Araya, en la fiscal María Tapia, en el Contralor Ricardo Rubio y en el Rector Jaime Espinosa. Todos ellos consideran inapropiado sancionar a alguien que ha agredido con su rostro cubierto a una adolescente de catorce años que viajaba en un bus urbano con su hermana y su madre. Todos ellos estiman virtuoso que la impunidad se imponga a la aplicación de justicia. Todos ellos prefieren no mirar los hechos tal como son, sino que interpretarlos de tal manera que la aplicación de los criterios sensatos devenga en algo extravagante y censurable. Ellos prefieren que aquel que actuó con su rostro enmascarado siga así, cubierto y ajeno a la justicia de los hombres, como una especie de Übermensch que no puede ser sometido a las rústicas costumbres y la imperfecta normativa mundana. Él merece un trato especial porque es un ser superior al resto, es un ángel que trae un mensaje de liberación universal y no puede ser estorbado en su tarea. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlo? ¿Acaso no está claro que todos los delitos y crímenes cometidos a las 19.20 horas deben quedar impunes y ser contemplados sin estupor, sin sorpresa, sino con total naturalidad?

Mis limitaciones intelectuales y morales me impiden ver algo tan evidente. Por eso seguí insistiendo y lo seguiré haciendo mientras pueda. Porque tengo derecho a ser tal cual soy, con mi ceguera, con mi estupidez, con mi incapacidad para comprender algo tan obvio y natural como una agresión con una bomba molotov, con mi inhabilidad para aceptar que los encapuchados están por encima de la ley, con mi repulsiva sed de justicia, con mi despreciable anhelo de respeto por la dignidad de las personas y con mi incomprensible afán de conseguir que una agresión sea sancionada. Yo no conozco a Daniela. Nunca me he atrevido a contactarla a ella ni a su madre. Presumo que no querrán revivir un episodio doloroso e ingrato. Pero esto no detiene mi intención de ayudarlas silenciosamente en la medida de mis posibilidades y con el enorme peso de mis limitaciones.