Originalmente publicado en Ciudad Liberal.
De acuerdo con el sintagma jurídico, portar un arma no impide que otras personas ejerzan su libertad, de manera que no constituye un atropello. En cambio, impedir por la fuerza que alguien porte un arma sí implica alterar el ejercicio de la libertad, por lo cual este impedimento puede identificarse como un atropello.
Actualmente, solo las Fuerzas Armadas y de Orden están autorizadas para portar armas. Además de ellas, hay un número de apenas trece personas en todo el país que están autorizadas por el gobierno para portar un arma. Aparte de ellos, sabemos que diversos criminales portan armas sin ser perseguidos a causa de ello como lo sería un ciudadano común: miembros de la CAM (como Celestino Córdova), terroristas urbanos (como Luciano Pitronello), alumnos encapuchados (que portan bombas molotov) y el Partido Comunista (que aún guarda el armamento ingresado a través de Carrizal Bajo).
Estos escasos datos son suficientes para hacer un diagnóstico sobre el derecho de portar armas en Chile: el Estado chileno atropella la libertad de las personas para portar armas, por cuanto esta acción no conculca el derecho de ningún tercero ni amenaza la libertad de las otras personas. El Estado chileno, como otros alrededor del mundo, aprovecha su control sobre las armas para mantener desarmada a la población civil, lo cual atenta contra nuestra libertad inalienable de tener y portar armas de todo tipo en todo momento.
El Estado chileno no solamente está obsesionado con limitar la tenencia de armas entre los civiles, también manifiesta una hoplofobia insana cuando sanciona a miembros de las Fuerzas de Orden que han hecho uso de su arma de servicio en la vía pública. Hace algunos años, Manuel Mora fue condenado (y posteriormente absuelto) por dispararle a un asaltante armado en el recinto de una farmacia Cruz Verde ubicada en Pajaritos 1912 (Maipú) el día 12-05-2007 a las 20.30 horas. Carlos Ramírez fue el fiscal, financiado por nuestros impuestos y domiciliado gracias a ellos en José Zapiola 7972-D (La Reina), a cargo de llevar adelante la causa: Carlos Ramírez, no contento con la injusta condena inicial de 541 días de presidio contra el heroico Manuel Mora, tuvo la osadía de solicitar la nulidad del proceso para aumentar la pena contra el imputado. La absurda sentencia inicial fue dictada por la juez Erika Villegas, legalmente domiciliada en Los Conquistadores 470 (Copiapó). Afortunadamente, reinó la cordura en la Corte de Apelaciones de Santiago y se deshizo lo que había juzgado el 5to Tribunal Oral (RUC 0700384604-5). El columnista Pablo Pérez se había referido a este mismo hecho en el pasado, cuando aún no se conocía la absolución de Manuel Mora.
El argumento del Estado chileno suele ser la proporcionalidad. ¿Pero cómo podría uno detenerse a buscar un arma proporcional o a igualar las condiciones de cualquier manera entre las partes enfrentadas antes de obedecer a la necesidad urgente de defenderse o de defender a otro? Este es un error típico del legislador: creer que puede prever todas las situaciones posibles y legislar en virtud de esta extraordinaria e inexistente facultad. Por supuesto que la realidad se encarga de desmentir constantemente esta fantasía legislativa, pero el legislador chileno no parece darse por aludido. Fascinado con la previsión imaginaria del futuro, no es capaz de caer en cuenta de que sus visiones no coinciden con la realidad y de que sus profecías siempre fallan. El legislador chileno viene a ser algo así como el opuesto de Casandra, la hija de Príamo y Hécuba: predice el futuro sin tener el don de la profecía y hay muchos que le creen a pesar de sus evidentes yerros.
Erika Villegas y Carlos Ramírez son agentes del Estado comprometidos con el atropello de nuestra libertad para portar armas y para defendernos de las agresiones que tanto ellos como cualquier funcionario o criminal pueda dirigir hacia nosotros, los ciudadanos desarmados.
Por mi parte, creo que todos deberíamos portar armas en todo momento sin importar lo que digan los funcionarios públicos al respecto: nuestra libertad no puede verse amenazada a causa de lo que ellos opinan. ¿Acaso no es la vida un bien superior a la ley? Si creemos que esto es cierto, tenemos que actuar como ciudadanos conscientes y desobedecer al Estado: portar armas y defendernos tanto de funcionarios cuanto de criminales cuando amenacen nuestra seguridad.
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| Imagen: Surysur |
De acuerdo con el sintagma jurídico, portar un arma no impide que otras personas ejerzan su libertad, de manera que no constituye un atropello. En cambio, impedir por la fuerza que alguien porte un arma sí implica alterar el ejercicio de la libertad, por lo cual este impedimento puede identificarse como un atropello.
Actualmente, solo las Fuerzas Armadas y de Orden están autorizadas para portar armas. Además de ellas, hay un número de apenas trece personas en todo el país que están autorizadas por el gobierno para portar un arma. Aparte de ellos, sabemos que diversos criminales portan armas sin ser perseguidos a causa de ello como lo sería un ciudadano común: miembros de la CAM (como Celestino Córdova), terroristas urbanos (como Luciano Pitronello), alumnos encapuchados (que portan bombas molotov) y el Partido Comunista (que aún guarda el armamento ingresado a través de Carrizal Bajo).
Estos escasos datos son suficientes para hacer un diagnóstico sobre el derecho de portar armas en Chile: el Estado chileno atropella la libertad de las personas para portar armas, por cuanto esta acción no conculca el derecho de ningún tercero ni amenaza la libertad de las otras personas. El Estado chileno, como otros alrededor del mundo, aprovecha su control sobre las armas para mantener desarmada a la población civil, lo cual atenta contra nuestra libertad inalienable de tener y portar armas de todo tipo en todo momento.
El Estado chileno no solamente está obsesionado con limitar la tenencia de armas entre los civiles, también manifiesta una hoplofobia insana cuando sanciona a miembros de las Fuerzas de Orden que han hecho uso de su arma de servicio en la vía pública. Hace algunos años, Manuel Mora fue condenado (y posteriormente absuelto) por dispararle a un asaltante armado en el recinto de una farmacia Cruz Verde ubicada en Pajaritos 1912 (Maipú) el día 12-05-2007 a las 20.30 horas. Carlos Ramírez fue el fiscal, financiado por nuestros impuestos y domiciliado gracias a ellos en José Zapiola 7972-D (La Reina), a cargo de llevar adelante la causa: Carlos Ramírez, no contento con la injusta condena inicial de 541 días de presidio contra el heroico Manuel Mora, tuvo la osadía de solicitar la nulidad del proceso para aumentar la pena contra el imputado. La absurda sentencia inicial fue dictada por la juez Erika Villegas, legalmente domiciliada en Los Conquistadores 470 (Copiapó). Afortunadamente, reinó la cordura en la Corte de Apelaciones de Santiago y se deshizo lo que había juzgado el 5to Tribunal Oral (RUC 0700384604-5). El columnista Pablo Pérez se había referido a este mismo hecho en el pasado, cuando aún no se conocía la absolución de Manuel Mora.
El argumento del Estado chileno suele ser la proporcionalidad. ¿Pero cómo podría uno detenerse a buscar un arma proporcional o a igualar las condiciones de cualquier manera entre las partes enfrentadas antes de obedecer a la necesidad urgente de defenderse o de defender a otro? Este es un error típico del legislador: creer que puede prever todas las situaciones posibles y legislar en virtud de esta extraordinaria e inexistente facultad. Por supuesto que la realidad se encarga de desmentir constantemente esta fantasía legislativa, pero el legislador chileno no parece darse por aludido. Fascinado con la previsión imaginaria del futuro, no es capaz de caer en cuenta de que sus visiones no coinciden con la realidad y de que sus profecías siempre fallan. El legislador chileno viene a ser algo así como el opuesto de Casandra, la hija de Príamo y Hécuba: predice el futuro sin tener el don de la profecía y hay muchos que le creen a pesar de sus evidentes yerros.
Erika Villegas y Carlos Ramírez son agentes del Estado comprometidos con el atropello de nuestra libertad para portar armas y para defendernos de las agresiones que tanto ellos como cualquier funcionario o criminal pueda dirigir hacia nosotros, los ciudadanos desarmados.
Por mi parte, creo que todos deberíamos portar armas en todo momento sin importar lo que digan los funcionarios públicos al respecto: nuestra libertad no puede verse amenazada a causa de lo que ellos opinan. ¿Acaso no es la vida un bien superior a la ley? Si creemos que esto es cierto, tenemos que actuar como ciudadanos conscientes y desobedecer al Estado: portar armas y defendernos tanto de funcionarios cuanto de criminales cuando amenacen nuestra seguridad.
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