No + AFP

Originalmente publicado en El Libertario.

Cuando la prensa informa que los jubilados están decepcionados con las pensiones que reciben a través de las AFP, reflejan la aspiración de ellos de recibir más dinero: su ambición es fuente de virtud, sin duda, y amerita ser imitada. Hay mucha información oculta detrás de lo informado por la prensa, no obstante. La parte más relevante de ella, me parece, es que el sistema de las AFP fue instaurado para escapar de otro diferente y cuyos resultados han probado ser catastróficos en todo el mundo: el sistema de reparto. Este sistema tiene dos aspectos que lo hacen ser catastrófico (y otros tantos que lo hacen ser simplemente malo): 1) el dinero no le pertenece a cada cotizante, sino que la propiedad sobre este se diluye en una nebulosa indescifrable y 2) los fondos son administrados por los políticos, lo cual termina destinándolos a cualquier programa gubernamental (como salvar a los bebés foca) y no a su objetivo primario.

Quienes repiten la consigna de «No + AFP» y marchan alegremente por la Alameda siguiendo a Luis Mesina creen, en primer lugar, que no están siguiendo a nadie. Deberían saber, no obstante, que están siguiendo a Luis Mesina. Cuando uno les explica que la alternativa propuesta por Mesina a las AFP es un sistema de reparto, algunos de ellos lo niegan o responden que el movimiento reúne a personas de distintas corrientes. ¡Ojalá y fueran tan comprensivos cuando se refieren a la Iglesia Romana! Porque ella también reúne distintas corrientes, enemigas acérrimas en algunos casos. Alguno dirá, pues, que el movimiento se opone a que haya alguna AFP «privada o estatal». Ignora, asumo, que la forma de interpretar esto no es que el Estado quedará fuera de la administración de los fondos, sino que la tendrá bajo una figura distinta de la AFP: eso es todo.

Chile escapó de la administración estatal de los fondos y del sistema de reparto durante el Gobierno de Transición (que no dictadura) y su forma de escapar ha sido alabada mundialmente a causa de sus evidentes beneficios en comparación con la única otra alternativa que conoce la humanidad, i.e., el sistema de reparto. Cualquier alternativa no es más que una combinación de ambos. Nuestro país, sin embargo, sigue teniendo ataduras que frenan el mejoramiento de las pensiones en particular y de la calidad de vida en general. En el ámbito específico de las pensiones, la ley obliga a todos los trabajadores dependientes a cotizar en alguna AFP con una periodicidad mensual y la operación de las AFP se encuentra estrictamente regulada: incluso existe una Superintendencia de Pensiones dedicada exclusivamente a obstruir el trabajo de las AFP.

Si los jubilados quieren más dinero, el Estado no debería interponerse. En otras palabras, para que las condiciones del mercado mejoren y lo hagan también las pensiones, no debería haber obligación de cotizar (o de hacerlo en una AFP) ni debería haber regulación sobre las AFP en particular o sobre los ahorros en general. Esta no es una garantía de que cada persona obtendrá una pensión más alta, sino de que habrá condiciones para que las pensiones en general mejoren. Si alguien busca una garantía de que las pensiones serán mejores, debería enterarse de que no es posible garantizar esto en el mundo real: simplemente no podemos asegurar que habrá riqueza suficiente en el futuro para que un número indefinido de jubilados reciba pensiones cuyo valor supere el actual. Por otra parte, tampoco resulta aceptable que le aseguremos ingreso a una persona quitándoselo a otra (o incluso a sí misma): no creo que sea necesario explicar que las transferencias de riqueza operadas por el Estado son pagadas por los consumidores, esto es, por los trabajadores.

Lo más increíble es que, aun reconociendo que el sistema de AFP y las cotizaciones obligatorias son impuestas por el Estado, los opositores de la AFP le adjudican a las AFP la autoridad detrás del infame DL 3.500/1980. Su convicción con respecto a la maldad intrínseca de las AFP y la responsabilidad irrenunciable del Estado a solucionar todos los problemas es tan honda que llegan a creer en el equivalente institucional de un unicornio malayo. Se trata de una creencia no solamente irracional, sino que riesgosa para la seguridad de los otros. Por supuesto, el derecho de ellos a sostener estas ideas no ha sido siquiera cuestionado. Sí parece cuestionable, por cierto, que ellos quieran someter sus ideas a un proceso de legislación: no es aceptable que las ideas de algunos, por numerosos que sean (y los opositores de las AFP ni siquiera suman un gran número), sean utilizadas para vulnerar sus propios derechos y los ajenos. No es aceptable. Dirán que es democrático, pero no es aceptable. Que sea democrático, entonces, y que los altares de la república exuden bálsamos de civismo: esto no hará que un atropello deje de ser un atropello.