Originalmente publicado en Globedia.
Una nota de El Desconcierto (1ro-Dic) refuta la peligrosidad de los inmigrantes en Chile interponiendo cifras entregadas por la PDI. Esta es una respuesta apropiada para las aprensiones expresadas por Sebastián Piñera (expresidente) y Manuel Ossandón (senador). Me parece que los fundamentos de estos para expresar su preocupación están en los noticiarios que destacan la presencia de bandas colombianas efectuando delitos relacionados, sobre todo, con cajeros automáticos. No es falso que existan bandas delictuales de colombianos haciendo esto, pero los números muestran que la proporción de inmigrantes cometiendo delitos no es mayor que la de nacionales. No pretendo culpar de nada a la prensa aquí, puesto que ella ha difundido esta misma información que estoy reproduciendo.
Imagen: Taringa.net
Existen, de todas maneras, razones verdaderamente atendibles en cuanto a por qué la inmigración no debería ser restringida (ni regulada en absoluto). El hecho de que quienes inmigren se dediquen a cometer delitos no anula su derecho de haber inmigrado. Este derecho no los protege de la legítima defensa de sus víctimas tampoco: y digo legítima como tal, no de acuerdo con la retorcida interpretación del Poder Judicial de Chile, que virtualmente exige haber sido descuartizado antes de que uno pueda recurrir a la legítima defensa. En el fondo, los datos relativos al índice de delincuencia revelan un criterio utilitarista tanto en Ossandón y Piñera cuanto en El Desconcierto: un criterio que no reconoce al hombre como agente moral ni la dignidad humana básica.
Una buena razón para defender la inmigración es la libertad de tránsito: nadie debería ser impedido de trasladarse a través de territorios sin dueño ni a través de terrenos en los que cumplan con las reglas de los propietarios. Entonces, si yo quiero entrar en alguna región del mundo como Bolivia, Venezuela, Cuba, Israel, Rusia o Corea del Norte, nadie debería impedirme físicamente que lo haga ni exigirme que le explique por qué estoy yendo ahí ni pedirme un documento de identidad ni preguntarme cuánto tiempo voy a permanecer. Hacer esto vulnera la libertad individual y la dignidad humana. Lo mismo ocurre cuando una calle o carretera es obstruida por encapuchados o por camioneros: ellos no tienen el derecho de impedir que los otros transiten y su acción justifica la legítima defensa (ojalá armada) de quienes la sufren.
Lo que defienden Ossandón y Piñera implica vulnerar una libertad básica: se trata de una proposición fascista, puesto que implica el control del Estado sobre el individuo. Lo que defienden sus opositores no difiere mucho: que el Estado les dé permiso a las personas para inmigrar. ¡Como si ellas necesitaran la autorización de alguien para hacerlo! Los opositores de Ossandón y Piñera tienden a caer en la misma actitud fascista que uno cree que combaten. Por fortuna, la nota de El Desconcierto no llega tan lejos y se limita a desmentir el respaldo argumental de ellos.
Si un comportamiento no implica el perjuicio ni la obstrucción de nadie más, no puede estar sujeto a prohibiciones ni a autorizaciones. Y, si lo hace, el perjudicado u obstruido tiene justificación para hacer uso de la legítima defensa. ¿Acaso una persona adulta necesita que otra persona adulta decida por ella si acaso puede defenderse o si acaso puede actuar?
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