Efectismo contra Elementalismo

Los recientes debates políticos en Chile se han concentrado en la tensión entre «derechos sociales» en oposición a los «derechos individuales». Es algo que podría resumirse en una oposición entre quienes quieren ser responsables de sí mismos y quienes quieren depender de los demás. Los defensores de los «derechos sociales» insisten en que es necesario atropellar los derechos individuales (propiedad y libertad principalmente) para asegurar los derechos sociales. Los defensores de los «derechos individuales», en tanto, replican que los únicos derechos humanos verdaderos son los individuales y que los sociales son espurios o derechamente ficticios. La naturaleza de los argumentos, sin embargo, está concentrada más sobre los efectos que sobre los fundamentos: unos y otros alegan que se producirán efectos negativos o que se evitarán efectos positivos si se aplican los criterios de la facción opuesta. O, al contrario, dicen que obtendremos efectos positivos y evitaremos efectos negativos si nos ceñimos a los criterios de su propia facción. No obstante, esta argumentación debiese ser secundaria y no estar en primera fila, como hasta ahora.

La construcción de cualquier sociedad está fundada en principios elementales que deben ser respetados en virtud de que no pervirtamos la esencia de las personas y, por ende, de la sociedad que integran. Todos coincidimos, por cierto, en que los fundamentos más básicos de nuestra sociedad están dados por los derechos de las personas: se trata de un asunto elemental que implica el reconocimiento de la dignidad de cada persona. Cada persona, pues, tiene derecho a la vida (a que no la maten), a la integridad (a que no la cercenen o dañen) y a la propiedad (a que no le impidan hacer uso de sus bienes como estime conveniente), de donde se deriva el derecho a la libertad (a que no le impidan hacer y decir lo que desee). Desprendemos de inmediato la observación de que, por lo tanto, no es obligación de los otros brindarnos aquello a lo que tenemos derecho, sino que están legítimamente impedidos de interferir con el desarrollo de nuestros propios derechos.

Algunos debatientes, entonces, pretendiendo referirse a los fundamentos de los derechos de las personas, acuden a lo que dicen la Constitución y las leyes. Esto es útil, pero es engañoso porque la propia Constitución no reconoce plenamente algunos derechos o deja lugares a dudas o a atropellos. Para evitar estas confusiones, es necesario entender que los derechos humanos son universales, independientemente de lo que digan la Constitución y las leyes. Ellos residen en cada uno de nosotros y no pueden ser aumentados o disminuidos por ninguna norma. Esto nos ayuda a derribar la horrorosa idea de que una mayoría puede establecer o derogar un derecho. Si los derechos humanos estuvieren sujetos a la voluntad de las mayorías, entonces no serían universales. Pero lo cierto es que ellos provienen desde nuestro interior, están fundados en la dignidad de cada uno y no dependen de que estemos de acuerdo acerca de esto. Podemos tomar acuerdos y discutir acerca de muchos temas, pero no es legítimo legislar acerca de los derechos fundamentales de las personas, porque ellos son inalienables. Mientras haya quienes crean que son discutibles, no podremos estar seguros de que verdaderamente vivimos en una sociedad o en una civilización.

Exigir que otra persona se haga cargo de nuestras necesidades, por lo tanto, es ilegítimo. Salvo que la otra persona esté de acuerdo y acceda voluntariamente a ayudarnos, no podemos esperar ninguna ayuda desde ella o cualquier otra. Quienes creen que está bien hacer esto admiten que es aceptable atentar contra el derecho de propiedad de alguien y tomar lo que le pertenece para dárselo a otro. Sin embargo, hacer esto está mal: no importa cuán necesitado esté el otro, no es legítimo ni aceptable tomar la propiedad de uno para entregársela a otro. Esto implica acabar con los fundamentos mínimos de la dignidad humana. Si uno verdaderamente quiere beneficiar a otra persona, tiene que hacerse cargo de su propia compasión y ayudarla, pero no les puede imponer a los demás que la ayuden. Asegurar la dignidad de todas las personas implica no aplastar la de ninguna: y una forma de aplastar la dignidad de las personas es atropellando sus derechos humanos fundamentales, como el derecho de propiedad. Asimismo, tampoco es legítimo alegar libertad de expresión para hacer una manifestación que atenta contra la libertad de tránsito de otras personas: de esta manera también se está ignorando la dignidad de algunos. Últimamente, este «argumento» de la libertad de expresión ha sido muy utilizado: ¿pero qué sentido tiene usar mi libertad para aplastar la del otro si entonces todo el fundamento de nuestros derechos quedará invalidado? Lo correcto es hacer uso de nuestras libertades sin atropellar los derechos fundamentales ajenos: de otra manera, estamos jugando no solamente contra nosotros mismos, sino que contra las bases de la dignidad humana.

El efectismo, por lo tanto, no debería ser utilizado como primera línea argumental, sino que puede ser dejado como medio argumental secundario. Lo verdaderamente importante es proteger siempre los derechos fundamentales de las personas. Si hay efectos negativos o positivos a causa de esto, entonces lidiaremos con ellos o los aprovecharemos de acuerdo con las circunstancias. Pero nuestra base debe ser siempre el respeto invariable e indiscutible de los derechos humanos fundamentales: vida, integridad, propiedad, libertad. Poner en duda la validez de estos derechos fundamentales implica no solo desconocer, sino que abiertamente despreciar la condición humana. Quienes hacen esto están, probablemente, seducidos por ideas que les han hecho creer que los hombres están al servicio de las ideas y no al contrario. Vale la pena, pues, recordarles que todas estas ideas nacen desde y se inspiran en el bienestar del hombre: pero no tenemos hombre si le quitamos su dignidad y, para conservarla, tenemos que respetar los derechos fundamentales de cada persona.