Ni golpe ni dictadura

Como reza el título de este texto, intentaré argumentar que no hubo un golpe militar el día 11 de septiembre de 1973 y que no hubo una dictadura militar desde este día hasta el 11 de marzo de 1990. Como se desprende de la lectura de otros textos en este blog, mi opinión acerca de cualquier gobierno es que debería desaparecer. Por lo tanto, no admito como una posibilidad que alguien juzgue este texto o el blog como «pinochetista» o adicto a cualquier otra corriente gobernista. Otra premisa importante para afrontar este texto es que yo rechazo terminantemente cualquier intento por hacer interpretaciones de la historia (vid. Contra la interpretación de Susan Sontag). Hay quienes creen que «la historia es escrita por los vencedores» y que, por ende, está sujeta a interpretación o viene ya interpretada a través del texto que la recoge. Si bien es posible argumentar que todo hombre tiene una perspectiva y, por lo tanto, tiende a interpretar los hechos de una manera u otra, yo no haría una distinción de la historiografía de acuerdo con la perspectiva desde la cual es escrita, sino de acuerdo con la intención que tiene: una historiografía honesta admite su inseparabilidad de la perspectiva e intenta exponer los hechos con objetividad; una historiografía partidista establece que los hechos históricos están sujetos a interpretación y que solamente la suya es correcta. El presente texto se funda sobre la evidencia escrita, no en la interpretación de los hechos. Si bien omito la mayor parte de las citas que podría hacer para respaldar la exposición, dejaré aquí los enlaces a la documentación relevante aportada por José Piñera, a los bandos publicados por la Junta Militar y a una columna publicada por Hermógenes Pérez de Arce.

En primer lugar, pues, defenderé que no hubo un golpe militar el día 11 de septiembre de 1973. En efecto, la acción llevada a cabo por los militares no tenía la intención de acaparar los tres poderes del Estado, no pretendía instaurar un régimen in aeternum, no tenía intenciones políticas y no se fundó en aspiraciones de poder. Se trató, más bien, de un ejercicio del derecho de rebelión, aplicado en contra de un gobierno injusto y violador de los derechos humanos. El derecho de rebelión es universal y ampara a cualquiera que se alce contra un gobierno, puesto que esta es una asociación ilícita conformada para controlar a los ciudadanos de un país. Alguien podría manifestar que, entonces, las acciones del MIR y el FPMR también están amparadas por este derecho de rebelión; pero ellos no tenían la mera intención de derrocar el gobierno, sino que querían acapararlo e instrumentalizarlo para instarurar una dictadura marxista sin fecha de expiración.

 Los militares actuaron certeramente contra el poder Ejecutivo, que había intentado cooptarlos al instalarlos en cargos ministeriales, y contra el poder Legislativo, que había solicitado su intervención y habría estorbado la pacificación del país. La causa principal del pronunciamiento militar estuvo en la actuación del poder Ejecutivo: este atropelló flagrantemente las libertades civiles y amparó la violación de los derechos humanos por parte de grupos terroristas y funcionarios estatales. El poder Legislativo, por su parte, no solamente puso al Presidente al mando del poder Ejecutivo tres años antes del pronunciamiento, sino que solicitó la intervención de los militares al acusar la inconstitucionalidad del poder Ejecutivo. La neutralización del poder Legislativo era necesaria para evitar errores políticos como la designación de un Presidente que caiga en inconstitucionalidad. Pero los militares no intervinieron ni trataron de controlar la Corte de Suprema, puesto que esta no estaba bajo control de los políticos. El poder Judicial, por su parte, reconoció de inmediato la legitimidad del Gobierno Militar.

El pronunciamiento militar tampoco intentaba instaurar un régimen in aeternum. Si bien su prioridad no era hacer una transición rápida, sino efectiva, no había una intención de perpetuarse en el poder. Cuando la comunidad internacional sintió que el régimen llevaba demasiado tiempo al mando, este organizó un plebiscito que ratificó el apoyo popular en 1978. Dos años más tarde, otro plebiscito aprobaría la Constitución propuesta por la Comisión Ortúzar y ratificaría al Comandante en Jefe del Ejército como Presidente por los próximos ocho años. Después de estos ocho años, el poder Legislativo volvería a operar de forma independiente. Y así fue. Otro plebiscito, celebrado al cabo de estos ocho años, definiría si el próximo periodo del poder Ejecutivo sería liderado por el candidato del Gobierno Militar o por un candidato electo en votación popular: el plebiscito definió esta última opción y las elecciones para escoger al candidato se llevaron a cabo al año siguiente, de modo que el candidato electo asumió finalmente el poder el 11 de marzo de 1990. Como se hace evidente, en un principio había metas que luego se estructuraron en plazos y estos fueron cumplidos a cabalidad. Nunca hubo intención de conservar indefinidamente el poder.

Por otra parte, la intervención militar no tenía intenciones políticas. Esto quiere decir que ella no venía con un programa político configurado para instaurar en el país, como suelen hacer los partidos políticos. La intervención militar tenía, más bien, la intención de salvar a las personas de las garras de los políticos, cuyos programas sociales e intervenciones políticas habían llevado a la escasez de productos básicos, la violencia callejera diaria y el atropello sistemático de los derechos humanos. Era natural, por lo tanto, que los militares no contrajeran ninguna convicción política y ningún plan económico al momento de asumir el poder. Esta misma explicación sirve para fundamentar que el pronunciamiento militar no se fundó en una aspiración de poder: los militares no pretendían adquirir poder, como intentan constantemente los partidos y movimientos políticos, sino que su objetivo era terminar con la situación de escasez y violencia imperante en gran parte del país.

Alguien podría contradecir que esos rasgos no corresponden a otra cosa que no sea un golpe de Estado, pero es posible justificar mi criterio. Lo que ocurrió en Chile no es un paralelo de lo que fueron los golpes de Estado en el resto de América Latina. De hecho, lo que ocurre acá es difícilmente homologable con lo que ocurre por lo general en la región. América Latina es una región con profundas diferencias entre los países que la componen: por eso resulta menos verosímil una federación como los Estados Unidos o una alianza como la Unión Europea en estas latitudes. La izquierda siempre ha querido equiparar el pronunciamiento de los militares chilenos con los golpes de militares en otros países latinoamericanos, pero los rasgos de estos movimientos son diferentes. Ya he expuesto las características fundamentales del levantamiento militar en Chile, de modo que me limitaré a decir que estas no se replican en los golpes llevados a cabo en otros países latinoamericanos. Tanto porque los golpes suelen tener una intención de permanencia indefinida en el poder cuanto porque siempre tienen una intención política. Este último rasgo es determinante en la diferenciación del pronunciamiento en Chile, puesto que no tenía una intención política, sino anti-política. Por esto mismo resultó vano el entusiasmo de los nacionalistas, expresado en la publicación del libro Pensamiento Nacional (ed. por Enrique Campos Menéndez, 1974).

En segundo lugar, explicaré por qué el Gobierno Militar no fue una dictadura. Hay varias razones para sostener esta afirmación: 1) que no se impuso de manera arbitraria, sino con respaldo político y jurídico; 2) que no se perpetuó en el poder; 3) que no acaparó los tres poderes del Estado, y 4) que se atuvo siempre al orden legal. Muchos alegan que el hecho de haberse impuesto derrocando al gobierno anterior convierte al Gobierno Militar en una dictadura, pero este argumento resulta inválido porque derrocar a un gobierno no es condición lógica suficiente como para concluir que el gobierno siguiente sea una dictadura. Si así fuera, consideraríamos que el gobierno de O'Higgins fue una dictadura y que el gobierno de Hitler no fue una dictadura.

El Gobierno Militar no se impuso de manera arbitraria, sino que obedeció a la situación de imperante escasez y violencia en el país. Además, la imposición del Gobierno Militar recibió amplio respaldo político y jurídico. No se trató de una acción infundada, sino que racionalmente justificada y que contó con apoyo político, jurídico y ciudadano.

Como expliqué más arriba, el Gobierno Militar no se perpetuó en el poder. No existió la intención de gobernar indefinidamente al momento de llevarse a cabo el pronunciamiento militar ni tampoco hubo un cambio de planes una vez que estuvo establecido el Gobierno Militar. Se definieron metas consistentes en terminar con la situación de escasez y violencia en el país y en evitar que concurrieran nuevamente (este objetivo resulta un tanto ingenuo cuando es planteado por el gobierno) y estas metas fueron estructuradas más tarde en un cronograma estipulado por la Constitución de 1980 y que fue cumplido al pie de la letra. Ninguna acción posterior consiguió que este plan fuera modificado o acelerado. Quienes dicen haber «luchado por la democracia» no consiguieron ninguna victoria ni nada similar, porque tanto el plebiscito cuanto el fin de la transición a la democracia (que tuvo lugar entre 1980 y 1990) ocurrieron de acuerdo con el itinerario fijado por la Constitución.

Así como expuse anteriormente y como recordó hace poco Gonzalo Rojas en una entrevista, el poder Judicial mantuvo su independencia durante el Gobierno Militar, lo cual demuestra fehacientemente que este gobierno no fue una dictadura. Las sentencias dictadas por los jueces fueron completamente autónomas, ajustadas a la tradición judicial del país y responsabilidad de cada juez. Este solo argumento serviría para desbaratar por completo la tesis de la «dictadura», pero resulta necesario exponer los otros por cuanto este no es el único.

El Gobierno Militar, por último, no fue un gobierno autoritario, sino que siempre se atuvo al orden legal. Es cierto que no observó plenamente lo prescrito por la Constitución de 1925, pero sí observó el orden legal del país y contribuyó a asegurarlo y a ampliarlo. Ampliar el orden legal de un país no es precisamente una virtud, pero no se trata de una conducta extraña a ningún gobierno. El Gobierno Militar, pues, estaba interesado en la legitimidad normativa de su ejercicio como legislador, ejecutor y constituyente. No era una banda de maleantes imponiendo su voluntad de manera caprichosa sobre todo el país.

Si volvemos a hacer una comparación con movimientos militares en América Latina, recalcaré no solamente el apoyo político y jurídico del Gobierno Militar en Chile, sino sobre todo su carácter legalista (no autoritario). Las dictaduras militares de otros países latinoamericanos se caracterizan por el autoritarismo. El Gobierno Militar de Chile, en cambio, observó un estricto legalismo. Esta distinción vale para afirmar que el pronunciamiento de los militares chilenos no fue un alzamiento homologable con los golpes de militares en otros países de América Latina y que el Gobierno Militar de Chile no fue una dictadura, como sí las hubo en otros países de la región.

Las observaciones aquí expuestas corresponden a una lectura fenomenológica de las evidencias textuales disponibles. No se trata, por ende, de una interpretación de los hechos ni de los textos, sino que de una lectura analítica. Esta lectura nos permite concluir que en Chile no hubo un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 ni tampoco hubo una dictadura desde este día hasta el 11 de marzo de 1990. Lo que hubo fue un ejercicio del derecho de rebelión seguido de un Gobierno Militar.