Educación Gratuita

Fuente: Blog «Periodismo Libre»

El slogan de la «educación gratuita» contrae algunas interrogantes consigo. ¿Es la educación un derecho? ¿Es la educación gratuita un derecho? ¿Por qué se habla de «educación gratuita»? Responderé estas preguntas a continuación.

En cuanto nos preguntamos si acaso la educación es un derecho, me vienen a la memoria dos condiciones: una es la estructura sintagmática de derecho más vulneración y otra es el descubrimiento del derecho a través de su atropello. David me solicitó que le hiciera tres clases particulares de transcripción fonética esta semana. Se comunicó directamente conmigo y yo acepté brindarle las clases a cambio de un precio mutuamente convenido. Hasta aquí, observamos la configuración de un servicio, no de un derecho. Veamos si es posible interponer una vulneración. ¿Qué pasaría, pues, si el hermano de David se opusiera a que él y yo nos reunamos para tener nuestras clases y, yendo más allá de la mera oposición, impidiera físicamente (con algún obstáculo) que nos reunamos? Pues bien, esta actitud me haría sentir que él está haciendo algo indebido y que se está inmiscuyendo en un asunto que no le es propio, independientemente de sus razones. Se configura así, por lo tanto, un atropello. ¿Pero qué derecho está siendo atropellado? Podemos pensar en la libertad de tránsito y en la libertad de reunión: estos se me vienen inmediatamente a la cabeza. Pero como el hermano de David estaría empeñado específicamente en impedir que tengamos las clases, podría recurrir a otras formas de conseguir su propósito. Podría, por ejemplo, encerrarse en la oficina de David. En este caso, David y yo no estaríamos impedidos de reunirnos, pero no contaríamos con los materiales y con el espacio que utilizamos para las clases. En este caso, el hermano de David habría atentado contra el derecho de propiedad de David. No obstante, parece claro que el hermano de David atentó contra otro derecho más en las dos situaciones hipotéticas propuestas: atentó contra nuestro derecho de reunirnos a tener clases. Esta forma específica del derecho de reunión es entendida normalmente como derecho a la educación y libertad de enseñanza. Vemos, por ende, que se ha configurado la estructura de un sintagma jurídico [derecho + vulneración] y que la aparición de un atropello condujo al descubrimiento del derecho conculcado. Esto significa que la educación sí es un derecho.

David y yo acordamos un precio para tener nuestras clases. También existe la posibilidad de que hubiéramos acordado no interponer un precio para tenerlas. Posiblemente, también, yo no habría querido hacer las clases sin recibir un salario o David no habría aceptado recibir las clases sin retribuirlas de alguna manera. Si hubiésemos decidido que íbamos a hacer clases sin intercambio monetario de por medio, habríamos seguido actuando en los márgenes del derecho a la educación y la libertad de enseñanza: no resulta necesario establecer un nuevo derecho. Salvo, por supuesto, que el hermano de David se hubiese opuesto a este tipo específico de acuerdo voluntario: el de tener clases gratuitas. Entonces podemos decir que la educación gratuita también es un derecho.

Lo que no podemos decir en ninguno de estos casos es que, por ejemplo, el hermano de David tuviera la obligación de pagar por las clases que yo le cobré a David. El hermano de David tampoco tiene la obligación de facilitar las condiciones de las clases gratuitas. De hecho, los derechos que nos amparan a David y a mí no tienen ningún efecto sobre ninguna otra persona: nadie contrae ninguna obligación en virtud de los acuerdos que alcanzamos entre nosotros. Y es necesario que esto quede claro en nuestro caso, porque lo mismo se aplica para todos los derechos: nadie tiene la obligación de proveernos esos derechos, sino que ellos ya nos pertenecen desde antes y es nuestra decisión si decidimos hacer lo necesario para ejercerlos o no. Ni nuestros hermanos ni nuestros vecinos ni la sociedad ni el Estado pueden impedirnos que los ejerzamos, pero tampoco tienen ninguna obligación con respecto a nuestra facultad de ejercerlos.

¿Por qué, entonces, alguien podría creer que el Estado debe financiar la educación de todas las personas en un territorio? Hay varias razones para sostener que el Estado debe financiar la educación. Y todas ellas están erradas.

En primer lugar, sostener que el Estado debe financiar la educación resulta en una admisión pública de que la educación que se pide no es «gratuita», sino que tiene un precio y este precio es pagado por el Estado. El Estado no es una institución productiva, sino que obtiene sus recursos desde personas e instituciones que sí los producen. El Estado les exige recursos incluso a las personas e instituciones que no logran producir riqueza. Los recursos utilizados por el Estado para financiar su aparataje y todos los ítems del presupuesto son obtenidos a través del robo. Quien exige «educación gratuita», por lo tanto, está reclamando una parte del botín obtenido a través del robo que el Estado ejecuta sobre las personas e instituciones de un territorio con los impuestos.

Pero vayamos a las razones para justificar que el Estado debe financiar la educación. Una es que los contribuyentes ya pagan lo suficiente para cubrir los gastos de quienes acceden a la educación superior. Otra es que hay personas que merecen ser aceptadas en programas de estudio, pero no cuentan con los recursos para pagarlos. Otra es que la mayoría de los electores está a favor de que el Estado deba financiar la educación. Y así hay muchas similares, la mayoría variantes de estas tres razones básicas.

La primera razón, que los contribuyentes ya pagan lo suficiente para cubrir los gastos de quienes acceden a la educación superior, está errada porque el hecho de que la recaudación fiscal actual sea suficiente para cubrir los aranceles de quienes están estudiando actualmente no significa que será suficiente para cubrir los aranceles de todos lo que estarán estudiando en el futuro. De hecho, una oferta de educación gratuita atraería a muchos estudiantes extranjeros y sus aranceles incrementarían importantemente el costo de la educación financiada por el Estado, lo que haría insuficiente el monto recaudado en la actualidad y empujaría a buscar nuevas fuentes de financiamiento.

La segunda razón, que hay personas que merecen ser aceptadas en programas de estudio, pero no cuentan con los recursos para pagarlos, resulta verosímil en cuanto a la descripción de situaciones como esa, pero no aporta una justificación para que el Estado financie la educación de las personas a las que se refiere. En primer lugar, definir quién merece estudiar resulta un problema porque se requiere de un criterio y el criterio es básicamente personal: cada persona escogería un conjunto distinto de alumnos meritorios. Como los criterios sobre el mérito son básicamente distintos, resulta imposible establecer de forma objetiva y universal quiénes merecen y quiénes no merecen ingresar en un programa de estudio. En segundo lugar, también es problemático definir si alguien cuenta o no con los recursos para pagar un programa de estudio, porque la forma de administrar las finanzas personales y familiares es particular y no universal. Resulta hasta incómodo indagar en algo tan personal como cuánto dinero recibe y cómo lo gasta una persona. Y aquí, de nuevo, habrá desacuerdos acerca de si el dinero es suficiente o no. Por último, el hecho de que alguien tenga el mérito y carezca del dinero no obliga a nadie con respecto a que ese alguien meritorio y de escasos recursos financie sus estudios. Es posible que el mismo sujeto en cuestión no tenga interés en estudiar. También es posible que, siendo meritorio y de escasos recursos, no tenga una salud compatible con el programa de su interés. Pero, en cualquier caso, no es posible decir que sea la obligación de nadie financiar sus estudios. Porque no es legítimo despojar a alguien de su propiedad. En ninguna circunstancia. Tampoco si hay alguien que tiene extrema necesidad de esos recursos que serían expropiados. Es legítimo que yo ayude a alguien si quiero hacerlo, pero no es legítimo que me fuercen a ayudar a quien no quiero.

La tercera razón, que la mayoría de los electores está a favor de que el Estado deba financiar la educación, no es más indecente que las anteriores. Proponer que alguien tiene el poder de robarle a otro solo porque una mayoría lo respalda es una forma indigna de desacreditar los derechos humanos. Si acaso reconocemos derechos en las personas (y tenemos un mínimo de decencia), resulta imposible que admitamos la opinión mayoritaria como un factor decisivo en los derechos humanos. Los derechos de las personas existen aun cuando la mayoría no los respalde y hasta los niegue. Si no aceptamos este principio básico, puede afirmarse que no creemos en los derechos humanos y que vemos a las personas como piezas de un tablero de ajedrez. Porque si creemos que es aceptable imponer sistemas de gobierno sobre las personas y obligarlas a deshacerse de una parte de sus ganancias personales para financiar y mantener ese sistema opresivo, no cabe duda de que no tenemos noción alguna acerca de la dignidad de las personas.

Resulta, pues, vergonzoso que haya algunos (y tantos) defendiendo una consigna que resulta humillante para su propia condición como personas. Se trata de un error muy profundo y lamentablemente sustentado por los periodistas, quienes han convencido a la población entera del país acerca de la «bondad» de este concepto inhumano. Proponer que el Estado financie la educación implica no solamente un respaldo público y abierto del robo y la opresión, sino un desconocimiento de la dignidad humana. Es como afirmar que las personas tienen valor solo en cuanto piezas del sistema estatal, pero no en cuanto individuos con ideas y sueños particulares. La deshumanización y el entusiasmo por ella son tales que recuerdan aquel ánimo eufórico que ha acompañado a los regímenes más salvajes y sanguinarios de los últimos cien años.

Esto significa el slogan «educación gratuita», la promesa de un baño de sangre y la imposición de un sistema admirablemente ordenado: tanto que su belleza vale por todas las vidas que sea necesario sacrificar en el camino.